1.- Incumplir con las expectativas de la Cuarta Transformación:
La narrativa del actual gobierno federal es que el país está experimentando una transformación profunda del sistema político, por lo que la expectativa de la población sobre potenciales cambios estructurales del sistema político y social es mayor que la de un simple cambio de administración, donde solo se modifican algunas políticas gubernamentales, programas y estilos de gobierno.
La encuesta del Periódico Reforma, publicada en noviembre de 2018, reveló la gran expectativa social del gobierno de López Obrador: 71% de los entrevistados se mostró optimista del futuro del país con el gobierno actual. De igual forma, el sondeo de Expectativas de Gobierno 2018-2024 de Consulta Mitofsky, publicada en noviembre 2018, evidenció que más del 60% consideraba que la situación de México mejorará o seguirá igual con López Obrador, contra 52.3% que tuvo Peña Nieto, y 48.8 % de Felipe Calderón.
Esta administración pretende implementar reformas profundas al Estado; por lo que, el periodo de gobierno de seis años puede resultar insuficiente para alcanzar los resultados deseados de algunos de los programas y políticas públicas. Por ello, uno de los mayores riesgos para el gobierno federal es incumplir con la expectativa generada desde el proceso de transición, si es que no se logra concretar cambios tangibles en el corto y mediano plazo.
2.- Establecer una estrategia de seguridad ineficaz
En la campaña presidencial, López Obrador ofreció una política de seguridad no militarizada, alejada de la violencia y que atendería las causas originales de la inseguridad. Durante el periodo de la transición de gobierno anunció su proyecto central en materia de seguridad que consistía en la creación de una Guardia Nacional (GN), que a todas luces implicaba una mayor militarización de la seguridad pública en el país. En este sentido, el 16 de enero de 2019, se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados para crear la GN (actualmente en discusión en el Senado), la cual quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien se encargará de implementar las políticas y programas en la materia, pero bajo una doctrina, entrenamiento y mando militar.
El gobierno federal tiene varios retos en el corto plazo: lograr una coordinación adecuada de la GN con el resto de las dependencias encargadas de la seguridad pública, así como armonizar leyes, reglamentos y normas para ordenar su rediseño administrativo, dado que hay que rediseñar nuevamente todo: Constitución, leyes, reglamentos internos y demás normatividad. Al mismo tiempo que estos procesos burocráticos ocurren se debe combatir la expansión de la delincuencia organizada en el país así como la tendencia creciente en homicidios y otros delitos de alto impacto, ya que como indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en diciembre de 2018, se contó con un total de 94 víctimas diarias en promedio, lo que implicó un crecimiento de 10.3% en comparación con el mismo mes del año anterior.
El riesgo en este año es que la estrategia en materia de seguridad pública del gobierno actual no logre concretarse de manera eficaz en términos operativos, y por tanto, no consiga detener la escalada de violencia –según el SESNSP, de 2006 a 2018, el número de homicidios dolosos aumentó un 144 %– en un plazo razonable, lo que podría complicar otro tipo de escenarios para el país.
3.- Implementar una estrategia integral para combatir la corrupción
La percepción de corrupción se ha incrementado considerablemente en los últimos años. En 2018, México reprobó en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional con 28 puntos de 100 y se ubicó en el lugar 138 de 180 países evaluados. Por ello, la gran promesa sexenal consiste en reducir sustancialmente la corrupción del gobierno, pero sin presentar un plan detallado con acciones claras.
Al día de hoy, no se ha presentado una estrategia integral del gobierno federal para combatir la corrupción, más allá de realizar recortes en partidas administrativas –aviones, autos, computadoras, remodelaciones– y reducciones de salarios. Hay que decirlo: ninguna de las dos medidas combate la corrupción. En dicho plan, se deben considerar acciones para reducir los márgenes de corrupción en rubros donde más ocurre: licitaciones, compras del gobierno, permisos, licencias y trámites.
Un logro clave para esta administración implicaría implementar un Plan Nacional de Combate a la Corrupción, con lineamientos claros y basado en las buenas prácticas internacionales, así como presentar un sitio con datos abiertos para rastrear los recursos públicos y las declaraciones de los funcionarios públicos –las 3 de 3–.
El riesgo actual consiste en que no se logre concretar una estrategia integral para combatir la corrupción dentro del gobierno y se implementen solo propuestas de bajo impacto que no generen resultados y cambios de fondo.
4.- Generar un clima de incertidumbre y desconfianza en los mercados
El hecho de parar de golpe una obra tan importante como el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM) implicó, sobre todo, un mensaje político de que un proyecto económico planificado para atender la demanda aérea del centro del país y mantener el interés de la inversión extranjera puede echarse abajo si no cuenta con el aval del ejecutivo federal. Fue un mensaje contundente para los inversionistas nacionales e internacionales que inevitablemente encendió los focos amarillos en varios sectores.
Aunque se presentó una alternativa al NAICM en la base militar de Santa Lucía y otros aeropuertos cercanos a la ciudad de México, dicha decisión no generó señales de confianza y certeza a los expertos en el tema. De acuerdo con el Banco de México, durante el primer mes de gobierno de López Obrador, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una caída de más del 15% y el dólar superó los 20 pesos. El mes de enero de 2019 registró ya señales de una posible desaceleración de la economía que podrían volverse preocupantes hacia el último trimestre del año.
El riesgo actual para el gobierno federal consiste en que la “nueva forma” en que se toman decisiones en el rubro de proyectos de infraestructura produzca un clima de incertidumbre y desconfianza, que tenga impactos en cierta medida en los indicadores macroeconómicos y en el clima de estabilidad actual.
5.- Ejercer una mayoría legislativa “insensible” a las voces minoritarías
MORENA puede efectivamente hacer uso frecuente de su “Supermayoría legislativa” en las cámaras ya que tiene los escaños necesarios para operar como una maquinaria legislativa aplastante, sin considerar del todo a las minorías parlamentarias, ni a los grupos de la sociedad civil. Sin embargo, este estilo de gobernar puede generar algunas fracturas al evitar la búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas minoritarias. De ese modo, el único responsable de los posibles errores sería el partido y el presidente López Obrador, dado que no habría otras voces a quien culpar de las medidas y reformas adoptadas.
Por otro lado, MORENA es un movimiento con integrantes que no necesariamente tienen un pasado y origen en común, lo que a momentos hace complicado el propio acuerdo interno en el partido, a pesar de que las voces disidentes tienen poco peso.
En este sentido, el riesgo para el Presidente y su partido, MORENA, es doble. Por un lado es el de convertirse en una mayoría insensible a las diferencies de pequeños grupos parlamentarios y no escuchar sus demandas; por el otro lado, dar demasiado peso a las múltiples voces internas dentro del propio partido, donde los consensos pueden llegar a ser imposibles de llevar a cabo y, por lo tanto, la tentación de imponer una agenda unipersonal y desde la cúpula es alta. Esto podría terminar por generar fracturas insalvables, que puedan poner en riesgo la viabilidad de alrticular un proyecto de gobierno sensato.
Por lo tanto, MORENA debería hacer un mayor esfuerzo por acercarse a las organizaciones de la sociedad civil y sus diversas agendas de política pública, a fin de impulsar los temas de las organizaciones sociales con las que tiene poca interlocución y cercanía. De igual forma, debe contar con una agenda legislativa prioritaria previamente acordada con todas las fuerzas políticas, lo que se observa complicado.
6.- Desarrollar proyectos de desarrollo regional sin la planeación necesaria
Al parecer en materia de desarrollo la apuesta del presidente de la República se sostiene en dos pilares: la reactivación de Pemex y la producción petrolera, así como el impulso de la economía regional, mediante el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, en particular en la región sureste del país. En este último, destacan dos proyectos emblemáticos del actual gobierno: la refinería de Dos Bocas (en Tabasco) y el Tren Maya, que busca la comunicación y promoción del turismo en la península de Yucatán.
Si bien, los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo regional son de gran utilidad para detonar la economía local y regional, el detalle está en que hay que considerar otros factores, tales como los impactos ambientales, sociales y de grupos vulnerables –comunidades indígenas– que estos proyectos pueden afectar en su desarrollo. Esto puede generar retrasos que hagan demorar los proyectos más allá del fin del sexenio y todo indica que el peor enemigo de este gobierno es el tiempo. Todo indica que hay que avanzar en los proyectos sin importar algunos detalles legales, económicos, sociales, políticos y ambientales que son importantes para el éxito de los mismos.
De tal suerte que, el riesgo latente es que los proyectos estratégicos del gobierno no cuenten con los estudios ambientales, sociales y políticos necesarios que permitan conocer la afectación y eventual mitigación de daños, así como su impacto en el medio ambiente, en las comunidades cercanas y en la economía de la región.
7.- Los limites reales del presupuesto público federal
El presupuesto público es limitado y gran parte de éste ya está etiquetado; el margen de maniobra para hacer reajustes es muy estrecho. Desde el inicio la estrategia del gobierno es reducir los recursos públicos recortando gastos principalmente en los órganos autónomos, bajar los salarios y los gastos suntuosos del gobierno federal –autos, computadoras, remodelaciones, alimentos– y dar mayor apoyo a los programas emblemáticos de esta administración –becas para jóvenes y apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad, así como los proyectos de infraestructura prioritarios.
No obstante, el tema de fondo es que se tendrá que hacer más cosas con menos recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, hay menos personal, menos presupuesto, menos recursos para el trabajo, al mismo tiempo que se buscan mayores logros, compromisos y metas nunca antes planteadas. De alguna forma parece una desconección de la realidad y estas medidas ya han generado algunos damnificados presupuestarios, como es el caso de algunas encuestas de INEGI, que se han quedado sin presupuesto para realizarse, así como programas sociales como las guarderías de la Secretaría del Bienestar.
El riesgo actual consiste en no generar resultados concretos derivados de estos ajustes presupuestarios en el menor tiempo posible, dado que son programas nuevos que aún carecen de reglas de operación, que no cuentan con los lineamientos generales e indicadores básicos, ni un diagnóstico inicial para partir. Por lo que, su implementación tendrá que ser expedita y efectiva al mismo tiempo.
8.- Desgastar la imagen presidencial
La estrategia de campaña de López Obrador se basó en ofrecer mensajes claros, simples y repetidos hasta que se grabaran en la memoria colectiva. Todo un éxito en términos de comunicación política para que electorado entienda bien las propuestas y se pueda relacionar con ellas de forma cercana. Sin embargo, se espera que los mensajes en esta nueva etapa de comunicación –desde la oficina de la Presidencia– sean más elaborados, mejor presentados, con información técnica precisa y datos que soporten y den coherencia al mensaje presidencial; de tal suerte que no se genere una percepción de improvisación y falta de pericia.
Por el otro lado, la actual estrategia de comunicación, alrededor de las conferencias “mañaneras” puede ser inicialmente buena para posicionar los temas de interés del gobierno federal; sin embargo, la segunda parte de “preguntas y respuestas” presenta ambigüedades y fallas técnicas que generan una mala percepción entre los medios de comunicación y ciudadanos.
El gran riesgo del presidente López Obrador es que su imagen sufra un desgaste innecesario y su comunicación de las acciones de gobierno no sea efectiva. Por ello, debido a que es un gran comunicador político, debe ser asesorado con la mejor información disponible, a pesar de que el uso de cifras no parece ser de su agrado.
9.- Un combate al robo de combustibles sin resultados efectivos
El combate al huachicol y el robo de combustibles es una estrategia emergente de combate a un delito que resulta estratégico para el Estado Mexicano. El combate frontal a este delito logró contener, al menos momentáneamente, el flujo de combustible que es “ordeñado” por los grupos delictivos dedicados a este negocio ilícito. A pesar de la crisis generada, la mayoría de la población apoyó esta medida, como indica la encuesta realizada por Consulta Mitofsky en enero de este año.
En estos momentos, es necesario hacer una pausa, diseñar y operar una estrategia de corto y mediano plazo para el combate efectivo al robo de combustible que ayude a mejorar las pérdidas millonarias de Pemex. Por lo menos cinco estados de la República sufren de afectaciones severas por parte de la delincuencia organizada, junto con grupos sociales que dañan la infraestructura de Pemex y el patrimonio de la nación: Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Jalisco y Veracruz.
Sin embargo, es indispensable tener un plan integral para combatir este delito más allá de cerrar los ductos y desplegar al Ejército sobre los miles de kilómetros de ductos en el territorio nacional. Las propuestas hace tiempo que están en la mesa, solo falta tomar las decisiones enérgicas para mostrar resultados positivos al final del año.
El riesgo latente está en no debilitar a las bandas delictivas y evitar la repetición de escenarios como el de Tlahuelilpan; es decir, proteger a la población civil vulnerable de la posible manipulación que pueda ocurrir por parte de la delincuencia.
10.- Convertir la elección de Puebla en un campo de batalla
La elección en Puebla y el tipo de campaña que MORENA realice en la entidad influirá mucho sobre la imagen que la opinión pública se forme de ese partido y de su convicción democrática. En paralelo, es la primera elección estatal para el presidente López Obrador, por lo que está obligado a mantener imparcialidad y distancia necesaria de su partido y el resultado final.
Se prevé que será una contienda muy competida y marcada por un controvertido resultado anterior, ya que en elección estatal se presentaron 205 inconformidades electorales, así como un clima de alta polarización política, que afectó hasta al propio Tribunal Electoral Federal. De tal suerte que, se da inicio a una segunda vuelta, donde el Partido Acción Nacional está fuertemente dividido, y MORENA, es el partido en el poder, por lo que podrían enfrentarse a un escenario que puede convertirse en una batalla campal. El gobierno federal debe evaluar bien si un triunfo a toda costa en una entidad vale más la pena que mantener el desarrollo democrático y la gobernabilidad a largo plazo. Ésta será una elección decisiva para observar el desempeño de los partidos en el 2019.
PDF sobre 10 riesgos para el gobierno federal 201
